El argumento central del litigio es que, desde hace varias décadas, las empresas demandadas son conscientes de que las armas que comercializan son traficadas y usadas en actividades ilícitas en México.
El Gobierno de México interpuso una demanda civil de daños contra los más grandes fabricantes de armas estadounidenses en una corte federal de Boston, el objetivo de esta acción legal es que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes.
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza Marcelo Ebrard Casaubón se denunció este giro como un «comercio negligente e ilícito» que alienta el contrabando y la violencia en México.
En la presentación de las acciones legales de México se contó con la presencia del senador Ricardo Monreal Ávila; del diputado Ignacio Mier Velazco; del consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio Alcántara; del fundador de la firma Hilliard & Shadowen, Steve Shadowen; y de la académica especialista en temas de seguridad en México, María De Haas Matamoros.
Los miembros del panel conversaron sobre las acciones negligentes de empresas involucradas en el comercio de armas, mismas que fomentan el acceso a armas de alto poder como las utilizadas en ataques masivos y en incidentes de violencia en México.
La demanda no pretende cuestionar el derecho a comerciar armas en otro país, sino denunciar que determinadas prácticas negligentes en ese comercio generan un daño en México.
“Muchos de nuestros problemas en materia de violencia son provocados por el uso y la introducción ilegal de armas a nuestro país”.
Ricardo Monreal, Senador
Ante la demanda la Asociación Industrial del Comercio de Armas (NSSF) y la Asociación Nacional del Rifle (NRA) se pronunciaron mediante un comunicado donde señalaron que las acusaciones no tienen fundamento, ya que es el propio gobierno mexicano el responsable del ‘crecimiento’ del crimen organizado y la corrupción en las aduanas fronterizas.
Tanto la NSSF y la NRA argumentaron que estas armas no pueden proceder de sus organizaciones y solicitaron al gobierno de México dejar de buscar un ‘chivo expiatorio’ y llevar los cárteles ante la justicia.
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