Afirman que estas figuras buscan explotar problemas comunitarios, no con el fin de resolverlos, sino para generar conflictos que les permitan obtener beneficios políticos, económicos y jurídicos.
Gracias a los gobiernos Obradoristas en la CDMX, existe legislación que no permite que existan huecos de transparencia en las asociaciones vecinales de la Ciudad. Esto no es así en el Estado de México, en donde la herencia del PRI nos deja asociaciones vecinales que carecen de mucha transparencia y permiten, en ocasiones, ser cooptadas para irregularidades, y en ocasiones para hacerle el caldo gordo a proyecto políticos específicos.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Ana Ramírez Cendón, ex presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci), quien fue acusada en 2023 de extorsionar a comerciantes y vecinos de la zona. Según testimonios de residentes, Ramírez aprovechaba su posición para exigir pagos a los comerciantes a cambio de permisos para operar, alegando ser la única autoridad capaz de autorizar la instalación de puestos comerciales. Juan Manuel «N», residente de Boulevares, explicó: «Aprovechando su cargo como autoridad auxiliar, Ana Ramírez se dedica a extorsionar a todo mundo, pero sobre todo a los comerciantes, para que puedan trabajar sin ser molestados».
Pese a las numerosas quejas presentadas por los vecinos, las autoridades locales no tomaron acción inmediata para destituirla, lo que incrementó la frustración en la comunidad. Este tipo de acciones ha sembrado desconfianza y ha generado la percepción de que ciertos actores políticos buscan utilizar estos espacios para controlar decisiones municipales y generar conflictos con fines lucrativos.
En este contexto, el municipio de Naucalpan, Estado de México, se ha visto envuelto en una serie de denuncias relacionadas presuntamente con prácticas irregulares, llevadas a cabo por actores vinculados al partido Movimiento Ciudadano.
Vecinos de Naucalpan acusan a estos individuos de manipular causas vecinales legítimas con el objetivo de desestabilizar los esfuerzos comunitarios y avanzar en una agenda personal, todo con el fin de dañar políticamente a la Cuarta Transformación.
Las acusaciones más recientes señalan que estos miembros del partido han financiado cotos de poder, usando asociaciones vecinales como plataformas para lucrar política, económica y jurídicamente, así como a la falta de transparencia.
Recientemente, un miembro del mismo partido, Esther Tapia, excandidata a la presidencia municipal de Naucalpan, ha sido señalada por utilizar causas ciudadanas para obtener protagonismo y avanzar su agenda política. Un ejemplo claro fue su involucramiento en un caso de fugas de agua en el municipio, donde en lugar de buscar una solución concreta para los vecinos, Tapia optó por crear un conflicto mediático para ganar reflectores.
Las acusaciones también apuntan a que tanto Ana Ramírez Cendón como Esther Tapia presuntamente han jugado un papel en el financiamiento de cotos de poder derivados de asociaciones vecinales, utilizando estas agrupaciones como instrumentos de presión política. Los vecinos afirman que estas figuras buscan explotar problemas comunitarios, no con el fin de resolverlos, sino para generar conflictos que les permitan obtener beneficios políticos, económicos y jurídicos.
La manipulación de causas legítimas para fines de realizar estas prácticas irregulares representa una grave amenaza para la estabilidad y gobernabilidad en general. Estos actores políticos aprovechan los problemas reales de la comunidad para desestabilizar y avanzar en agendas personales que socavan la confianza ciudadana y politizan los conflictos locales.
El uso de estas tácticas no solo afecta a los ciudadanos de manera directa, sino que también erosiona las instituciones democráticas del municipio, permitiendo que intereses personales prevalezcan sobre el bienestar colectivo.
