La Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) ha demostrado que la mal llamada verdad histórica fue una construcción —elaborada desde el gobierno federal— para encubrir los hechos y legitimar e imponer la versión oficial de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula y dar carpetazo al caso. La complicidad de funcionarios de los tres órdenes de gobierno y las acciones concertadas para ocultar la verdad constituyen un crimen de Estado.
Tal es el caso de la junta de autoridades, presidida por el entonces presidente de la República, junto con funcionarios del más alto nivel del gobierno, que fue la responsable directa de la construcción de la llamada verdad histórica. Esta operación al más alto nivel constituye una segunda desaparición de los estudiantes por:
Las omisiones de las autoridades que en todo momento estuvieron informadas y permitieron la violencia y la desaparición de los estudiantes.
La participación con el grupo delictivo en la desaparición de los normalistas.
La manipulación y ocultamiento de evidencias y pruebas.
La creación de escenas del crimen.
La obtención de declaraciones bajo tortura.
La protección a los servidores públicos que participaron en los hechos.
Mentir a los familiares de las víctimas y a la sociedad.
