La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno Federal informó que inició una investigación sobre los contratos que el Ayuntamiento de Atlixco otorgó a Qualissen Grupo Farmacéutico S.A. de C.V., empresa vinculada públicamente al diputado local Andrés Villegas Mendoza. Paralelamente, la Secretaría Anticorrupción del Estado de Puebla abrió un procedimiento similar tras recibir la misma denuncia.
El expediente federal, identificado con el folio 104989/2025, detalla que las adquisiciones realizadas entre 2022 y 2025 serán analizadas conforme a la normativa vigente, incluidos los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2024.
Autoridades examinarán la documentación conforme a la Ley Orgánica y reglamentos
La Dirección General de Investigación de la Unidad de Combate a la Impunidad notificó que, con fundamento en los artículos 26 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, canalizará la información enviada por el denunciante también al órgano estatal.
Las autoridades revisarán los contratos, anexos técnicos, dictámenes, facturas, pagos y la lista de entregables correspondientes a los procesos de compra que el Ayuntamiento de Atlixco realizó para adquirir medicamentos, insumos médicos y materiales de curación.
Indagan a Andrés Villegas por Conflicto de Interés y Asignación Ilegal de Recursos
El expediente solicita un análisis exhaustivo sobre la participación recurrente de proveedores que utilizan domicilios fiscales similares, lo que establece un patrón de posible colusión. También exige revisar la asignación continua y sistemática de contratos a un mismo proveedor durante un periodo de cuatro años.
Las autoridades investigarán si existen delitos graves, como conflicto de interés, uso indebido de atribuciones, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, y se enfocarán en identificar las ganancias obtenidas de forma ilícita. De manera paralela, examinarán la posible comisión de faltas administrativas graves contempladas en la legislación vigente, con el fin de determinar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados en estas adjudicaciones. El proceso busca garantizar la transparencia en la gestión de recursos.
