Mariana Ortiz Castañares, Itzel Nadchie Liihi Bernal de Anda y Alin Liliana Miranda Hernández aparecen en señalamientos sobre presuntas irregularidades en evaluaciones psicológicas utilizadas en juicios de custodia y convivencia. Familias denuncian posibles manipulaciones de dictámenes y cuestionan la falta de auditorías independientes en el Poder Judicial capitalino.
Las denuncias por presuntos actos de corrupción en controversias familiares continúan en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Familias involucradas en procedimientos judiciales señalan posibles manipulaciones de dictámenes psicológicos, irregularidades en evaluaciones y decisiones que han derivado en restricciones de convivencia entre progenitores e hijos.
En los señalamientos aparecen Mariana Ortiz Castañares, coordinadora de Intervención Especializada para Apoyo Judicial; Itzel Nadchie Liihi Bernal de Anda, directora de Evaluación e Intervención Psicológica; y Alin Liliana Miranda Hernández, mencionadas por familias que cuestionan la actuación de las áreas responsables de realizar valoraciones psicológicas dentro de los procesos familiares.
De acuerdo con los testimonios referidos, desde hace al menos cinco años se han denunciado evaluaciones realizadas en periodos presuntamente insuficientes, conclusiones que no corresponderían con las entrevistas practicadas y dictámenes utilizados posteriormente para justificar modificaciones de custodia o restricciones de convivencia.
Las personas denunciantes sostienen que estas situaciones han tenido consecuencias directas en sus procedimientos judiciales, particularmente cuando los informes psicológicos son considerados por jueces para determinar las condiciones de contacto entre niñas, niños y sus progenitores.
Funcionarias señaladas por presuntas irregularidades en evaluaciones psicológicas
Los cuestionamientos se concentran en las áreas del Poder Judicial capitalino encargadas de elaborar y supervisar evaluaciones psicológicas que forman parte de los expedientes familiares.
Mariana Ortiz Castañares e Itzel Nadchie Liihi Bernal de Anda ocupan cargos relacionados con la coordinación y dirección de estos procedimientos, mientras que Alin Liliana Miranda Hernández también figura entre las personas mencionadas en los señalamientos.
Las denuncias describen presuntas inconsistencias entre lo expresado durante las entrevistas y las conclusiones asentadas en los informes, así como cuestionamientos sobre los criterios utilizados para emitir recomendaciones relacionadas con custodias y convivencias.
Entre los efectos denunciados se encuentran restricciones al contacto familiar, modificaciones en los esquemas de convivencia y la utilización de informes psicológicos controvertidos como elementos dentro de resoluciones judiciales.
Pese a la persistencia de estos señalamientos, la información disponible no permite establecer cuántos dictámenes cuestionados han sido sometidos a auditorías técnicas independientes, cuántas impugnaciones han prosperado o si existen procedimientos administrativos contra las personas mencionadas.
Denuncias vinculan irregularidades con presunta red de corrupción judicial
Los señalamientos sobre las evaluaciones psicológicas también aparecen relacionados con denuncias más amplias sobre una presunta red de corrupción que involucraría a litigantes particulares, funcionarios ministeriales, especialistas y operadores judiciales de la Ciudad de México.
Según las personas denunciantes, el supuesto esquema incluiría la presentación de acusaciones fabricadas, el uso de medidas cautelares, irregularidades en dictámenes psicológicos y actuaciones procesales destinadas a favorecer intereses particulares en disputas por custodias, convivencias y pensiones alimenticias.
Entre los nombres mencionados figura la abogada Ana Katiria Suárez Castro, a quien denunciantes atribuyen presuntas conductas de extorsión, fabricación de denuncias y tráfico de influencias.
Suárez Castro salió de México en diciembre de 2024 y permanece en España, desde donde ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que enfrenta una campaña de desprestigio.
De acuerdo con los señalamientos, la abogada continuaría representando asuntos legales desde el extranjero, aunque ese hecho no acredita por sí mismo las conductas irregulares que se le atribuyen.
Las personas denunciantes también cuestionan la actuación de la Fiscalía capitalina y la presunta ausencia de una ficha roja de Interpol. No obstante, no se cuenta con información suficiente sobre la situación jurídica de las investigaciones para establecer si existe una solicitud procedente de cooperación internacional.
Custodias, convivencias y afectaciones familiares
Las presuntas irregularidades denunciadas se presentan en procedimientos donde las autoridades deben resolver sobre la custodia de niñas, niños y adolescentes, las condiciones de convivencia con sus progenitores y posibles medidas de protección.
En estos asuntos, los dictámenes psicológicos pueden formar parte de las pruebas utilizadas por los jueces para determinar las condiciones de convivencia familiar.
Las familias denunciantes refieren que las evaluaciones cuestionadas han sido utilizadas en procedimientos que derivaron en restricciones de contacto, modificaciones de custodia y prolongación de disputas judiciales.
Estas afectaciones forman parte de los hechos que solicitan investigar, junto con la metodología empleada en las valoraciones y la correspondencia entre las entrevistas practicadas y los resultados incorporados a los expedientes.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece que el interés superior de la infancia debe ser una consideración primordial en las decisiones que le afecten y reconoce el derecho de niñas y niños a expresar sus opiniones en los procedimientos relacionados con su vida.
Persisten señalamientos y cuestionamientos sobre auditorías
Las denuncias mantienen bajo escrutinio al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, presidido por Rafael Guerra Álvarez, y a la Fiscalía General de Justicia capitalina, encabezada por Bertha María Alcalde Luján.
Los cuestionamientos abarcan la actuación de las áreas responsables de las evaluaciones psicológicas, los mecanismos de supervisión de los dictámenes y la investigación de posibles irregularidades cometidas durante los procedimientos familiares.
Hasta ahora, la información proporcionada no incluye resultados de auditorías independientes, resoluciones administrativas o determinaciones judiciales que permitan confirmar las responsabilidades atribuidas a las funcionarias y demás personas señaladas.
Las denuncias, que según las familias se remontan al menos cinco años, continúan relacionadas con procedimientos de custodia y convivencia en los que se cuestiona la elaboración de dictámenes psicológicos y sus efectos sobre las relaciones familiares.
La revisión de los expedientes, las evaluaciones impugnadas y las actuaciones de los servidores públicos involucrados permitiría establecer qué irregularidades ocurrieron, si fueron corregidas y cuáles fueron sus consecuencias para las familias.
